Desde el mes de enero de 2008 ha permanecido ininterrumpidamente publicada y sigue siendo posible consultar en esta web el texto completo de dicha consulta.

Ahora, cuando determinadas dimisiones dentro del Consejo General evidencian el resquebrajamiento del bloque monolítico que viene monopolizando el poder corporativo, volvemos a llamar la atención sobre la conveniencia de que esta situación no se salde con una sustitución de personas o de grupos sino con la reforma en profundidad de un sistema que es claramente perfectible. Así lo esperamos y en tal sentido nos felicitamos por las dimisiones producidas (y las que, en buena lógica democrática, deberían desencadenarse), que bien podrían constituir el comienzo de la recuperación del clima de diálogo, consenso y tolerancia imprescindible para el buen funcionamiento de un órgano verdaderamente colegiado.

[Junio 2011]

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Nos permitimos ahora recordar la posición ofical de la Asociación, adoptada en febrero de este año y oportunamente publicada en esta web, sobre la reforma de la estructura corporativa del Notariado:

“En el ideario fundacional de la LIBRE ASOCIACIÓN DE NOTARIOS “JOAQUÍN COSTA” ocupaba lugar destacadísimo la reforma de la Junta de Decanos-Consejo General del Notariado para lograr un órgano que, sin merma de eficacia, alcanzase mayores niveles de representatividad. 

Esta asociación ha encabezado o participado en cuantas iniciativas se han planteado para el logro de aquellos objetivos, que la última y  esperada reforma del Reglamento Notarial ignoró, situándose así dicha reforma totalmente de espaldas al sentir mayoritario del Notariado, contundentemente expresado en publicaciones, foros de opinión y recientes encuestas.

Las reivindicaciones de la asociación, en lo que a este tema se refiere, son las siguientes:

- Diferenciación entre un órgano de gobierno del notariado (constituido por un equipo directivo integrado por presidente, vicepresidentes, secretario general y vicesecretarios) de carácter representativo y ejecutivo y al que corresponderían las competencias que habitualmente vienen desempeñando la presidencia y la comisión permanente, y un órgano de deliberación y de control, coincidente en composición, competencias y funcionamiento con el actual Consejo General del Notariado y del cual serían presidente, vicepresidentes, secretario y vicesecretarios quienes ostentasen tales cargos en el órgano de gobierno, fuesen o no decanos.

- El órgano de gobierno sería directamente elegido por todos los notarios españoles, entre las candidaturas que, en listas cerradas y con programa de gobierno, presentasen un número determinado de decanos o un número significativo de notarios de un número mínimo de colegios, exigiéndose el mismo número de unos o de otros para presentar mociones de censura al órgano de gobierno, cuya aceptación o rechazo correspondería al pleno del Consejo General, con abstención de los afectados y con la doble mayoría a que más adelante se hará referencia.

- Los acuerdos del Consejo General que tuviesen especial trascendencia (aprobación y modificación de su reglamento y de los reglamentos de régimen interior de los colegios, aprobación de cuentas y de presupuesto, constitución de sociedades íntegra o mayoritariamente participadas para externalización de servicios, designación de sus cargos y aprobación de sus cuentas anuales, aprobación o rechazo de mociones de censura del órgano de gobierno) requerirían la doble mayoría de número de decanos y número de colegiados que éstos representen.

- Además de los citados órganos ordinarios o permanentes, debería estar prevista la obligatoriedad y periodicidad de congresos notariales que, al margen de otras celebraciones científicas o doctrinales, se ocupasen de los grandes temas que afecten al notariado en su conjunto, adoptando -cuando proceda- conclusiones de carácter vinculante para el Consejo General del Notariado y para el órgano de gobierno.”

Para subsanar los acuerdos que adolecían de vicio de nulidad por falta de previsión en el orden del día de la sesión, se convocó de urgencia, para la tarde del día 29, un nuevo plenario del Consejo, en el cual, con el consabido voto favorable de los doce de siempre, se ha procedido a ratificar los previstos nombramientos de Vicepresidente y de miembro de la Comisión Permanente, con lo que el equipo rector del Notariado español sigue estando integrado, como antes del revuelo, por los decanos de Islas Canarias, Murcia, Valencia, País Vasco y Andalucía.

[Marzo 2011]

Algunos de los decanos asistentes al acto (convocado a uña de caballo y presidido sin contemplaciones por el propio Javier Guerrero) solicitaron un aplazamiento para poder formalizar con un mínimo de rigor una candidatura y un programa alternativos. Ante la radical negativa del presidente en funciones, que urgió y conminó a la celebración de la votación, y en señal de discrepancia con la manera en que estaba gestionando el relevo del ex-Presidente Antonio Ojeda, se ausentaron de la reunión los decanos de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid, que representan prácticamente a la mitad de los notarios españoles.

Se ha convocado un nuevo pleno para la elección de Vicepresidente y miembros de la Comisión Permanentes, sin que tampoco en este punto se esperen sorpresas de última hora que pudieran significar el más leve ánimo conciliador en el nuevo Presidente, por lo que, lamentablemente, continuará la actual fractura del Consejo General y su preocupante inoperancia para resolver los problemas reales del Notariado.

[Marzo 2011]

La elección del nuevo Presidente está prevista para el jueves día 24, aunque el plazo reglamentario podría y debería haberse alargado hasta un máximo de treinta días, lo que hubiera dado siquiera unas posibilidades mínimas para la formación de candidaturas alternativas, difusión de programas y celebración de reuniones, todo lo cual hubiese dotado de un mínimo de credibilidad al acto de proclamación pura y dura del actual vicepresidente, que tendrá lugar —como si de un ascenso automático se tratase— para dar cumplimiento a las previsiones sucesorias y pactos celebrados de espaldas a cuantos integramos y sostenemos esta caduca estructura corporativa supracolegial.

Desde esta Asociación rechazamos el mantenimiento de este sistema, formalmente democrático pero que en realidad constituye un mecanismo de cooptación impropio de los tiempos que corren, muy distante de nuestros postulados y del movimiento democratizador que en estos momentos está desarrollándose dentro del Notariado y que claramente respaldamos, del que hace veinte años fuimos precursores y desde entonces hemos seguido siendo decididos impulsores.

Para acceder al Memorandum entregado por la Asociación al Presidente Ojeda en Junio de 2009:

Hacer clic aquí

Se abordaron también, como no podía ser menos, los temas más palpitantes de la actualidad corporativa, como la sentencia del Tribunal Supremo sobre “compensaciones institucionales”, el reciente seminario celebrado en el Colegio Notarial de Madrid sobre reforma del Consejo General del Notariado y la posición sobre el tema adoptada y profusamente difundida por la Libre Asociación de Notarios “Joaquín Costa”, cuya plasmación en un borrador de reforma del Reglamento Notarial se encomendó a dos miembros del Consejo Directivo, para su sometimiento a la próxima Asamblea General.

También se constató la preocupación por determinadas iniciativas del Consejo General, como su participación en “Logalty” y, muy especialmente, la puesta en marcha de “Serfides”, en la que se percibieron alarmantes riesgos de colisión con la vigente normativa sobre competencia y con los derechos de los consumidores que siempre han merecido la singular atención de la asociación.

Se trató también de la comunicación con los asociados y con la comunidad jurídica en general, a través www.joaquincosta.com, introduciendo una nueva aplicación que posibilite acoger debates sobre temas propuestos por el equipo de administradores de la web.

Durante parte de la reunión estuvo presente Ignacio Solís, Decano del Colegio anfitrión, a quien los reunidos agradecieron su cariñosa acogida y su participación en la reunión, aportando sus siempre ponderados puntos de vista.

2.- Las cantidades que se asignen deben pretender tan sólo una mínima compensación, pues quienes desempeñan tales cargos encuentran ya en ellos sobrada compensación a su espíritu de servicio y sacrificio o a su vanidad y ansia de poder (táchese lo que no interese).

3.- Lo que no vale es la clandestinidad y clandestinidad hay cuando son secretas las deliberaciones del Consejo General, la mayor parte de sus acuerdos y todo el desglose y soporte documental de sus cuentas (según un informe de la Agencia de Protección de Datos que, en base a consulta torticeramente planteada, declaró “ajenos” o “terceros” a los decanos que no ocupan la presidencia).

 4.- Un mínimo de sensibilidad y solidaridad exige atemperar las cifras a los tiempos que corren y evitar el escándalo. ¡Y escándalo hay!

5.- La carta del presidente defendiendo canonjías y atacando al Colegio Notarial de Madrid (incluso con apelaciones históricas) es absolutamente intolerable.

6.- Si algún día llega a ser directamente electivo el órgano de gobierno del notariado (compatible con el CGN como órgano deliberante y de control) sería deseable que en las candidaturas que se presenten se exprese la cifra en que cada equipo cifra sus “compensaciones”, para que sepamos a qué atenernos y lo tengamos en cuenta tanto a la hora de votar como a la hora de exigir resultados.

7.- El actual equipo directivo del notariado no ha obtenido resultados que justifiquen lo que nos ha costado.

Esta asociación ha encabezado o participado en cuantas iniciativas se han planteado para el logro de aquellos objetivos, que la última y  esperada reforma del Reglamento Notarial ignoró, situándose así dicha reforma totalmente de espaldas al sentir mayoritario del Notariado, contundentemente expresado en publicaciones, foros de opinión y recientes encuestas.

Las reivindicaciones de la asociación, en lo que a este tema se refiere, son las siguientes:

- Diferenciación entre un órgano de gobierno del notariado (constituido por un equipo directivo integrado por presidente, vicepresidentes, secretario general y vicesecretarios) de carácter representativo y ejecutivo y al que corresponderían las competencias que habitualmente vienen desempeñando la presidencia y la comisión permanente, y un órgano de deliberación y de control, coincidente en composición, competencias y funcionamiento con el actual Consejo General del Notariado y del cual serían presidente, vicepresidentes, secretario y vicesecretarios quienes ostentasen tales cargos en el órgano de gobierno, fuesen o no decanos.

- El órgano de gobierno sería directamente elegido por todos los notarios españoles, entre las candidaturas que, en listas cerradas y con programa de gobierno, presentasen un número determinado de decanos o un número significativo de notarios de un número mínimo de colegios, exigiéndose el mismo número de unos o de otros para presentar mociones de censura al órgano de gobierno, cuya aceptación o rechazo correspondería al pleno del Consejo General, con abstención de los afectados y con la doble mayoría a que más adelante se hará referencia.

- Los acuerdos del Consejo General que tuviesen especial trascendencia (aprobación y modificación de su reglamento y de los reglamentos de régimen interior de los colegios, aprobación de cuentas y de presupuesto, constitución de sociedades íntegra o mayoritariamente participadas para externalización de servicios, designación de sus cargos y aprobación de sus cuentas anuales, aprobación o rechazo de mociones de censura del órgano de gobierno) requerirían la doble mayoría de número de decanos y número de colegiados que éstos representen.

- Además de los citados órganos ordinarios o permanentes, debería estar prevista la obligatoriedad y periodicidad de congresos notariales que, al margen de otras celebraciones científicas o doctrinales, se ocupasen de los grandes temas que afecten al notariado en su conjunto, adoptando -cuando proceda- conclusiones de carácter vinculante para el Consejo General del Notariado y para el órgano de gobierno.

Por ello, en primer lugar, nos ha intranquilizado que el actual Proyecto de Reglamento de Urbanismo, contraviniendo frontalmente el requisito de titulación pública que está consagrado en el artículo 3º de la Ley Hipotecaria, abra la posibilidad de inscripción en los Registros de la Propiedad de las declaraciones de obra nueva y finalizaciones de obra mediante instancia privada con firma legitimada, prescindiendo así de uno de los soportes del sistema español de seguridad jurídica preventiva, como es el documento público notarial. La intervención notarial no solo garantiza la autenticidad de las firmas de los solicitantes, sino también la libre prestación de un consentimiento informado y asesorado, puesto que consentimiento hay incluso en estos actos unilaterales y aparentemente inocuos pero en los que no resultan irrelevantes aspectos fiscales, urbanísticos e incluso sustantivos (piénsese, por ejemplo, en las variables u opciones que ofrecen algunos regímenes económico matrimoniales o la problemática que pueden plantear las parejas de hecho, a la hora de atribuir uno u otro carácter a una edificación o a la hora de reconocer y documentar relaciones de crédito y deuda derivadas de lo aportado a la nueva edificación, temas todos estos que no tienen que solucionarse lisa y simplemente aplicando las reglas de la accesión, sino que dejan un margen de autonomía cuyo aprovechamiento adecuado requiere la intervención en profundidad de un profesional independiente y especializado como es el notario). Asimismo, la autorización o intervención notarial del documento le dota, además, de enérgicas presunciones de capacidad y de suficiencia de las facultades de los otorgantes o intervinientes para realizar el acto o negocio jurídico de que se trate y garantiza junto con la calificación registral el riguroso cumplimiento de la legalidad.

También nos intranquiliza la citada pretensión del Proyecto por lo que tiene de nuevo ataque a la línea de flotación de un sistema inmobiliario que ha demostrado su eficacia y su capacidad de adaptación a las necesidades sociales de cada momento. La dualidad notario-registrador, base del principio de legalidad, con sus actuaciones distintas y complementarias, proporciona una eficacia y una seguridad al sistema que, una vez más, nos vemos obligados a recordar. Hemos pasado por una etapa de enorme auge inmobiliario, seguida de otra de profundo debilitamiento del mercado. Ambas fases tienen sus riesgos para el consumidor y sus distintos retos, y a ambas ha respondido el sistema notarial-registral español con notoria eficiencia, lo que no puede predicarse de otros operadores del mercado. Es temerario e irresponsable intentar cambiar o alterar el delicado equilibrio de lo que funciona satisfactoriamente, y hacerlo precisamente cuando otros agentes del sistema financiero-administrativo-inmobiliario han fallado estrepitosamente a nivel mundial y han puesto en entredicho todas las filosofías y tendencias desreguladoras.

En cambio, en segundo lugar, creemos necesario dar solución a algunos de los problemas puntuales concretos y urgentes que hoy están planteados, como es el caso de la colaboración entre notarios y registradores, donde el buen sistema ideado por el RD 2537/1994, de 29 de diciembre, ha quedado obsoleto técnica y legalmente. Así, hoy los Registros y los Notarios disponemos de los más avanzados medios técnicos, permitiendo nuestra comunicación de forma telemática y con el uso de firma electrónica avanzada, de forma que ha quedado obsoleto el fax como medio de comunicación. Los artículos 222.10 de la Ley Hipotecaria y 175.3 del Reglamento Notarial establecen un acceso telemático al contenido de los libros del Registro, que hay que poner en funcionamiento. Creemos necesario poner en marcha ya un sistema que permita al Notario consultar el contenido del Registro en el mismo momento del otorgamiento de la escritura, que dé cumplimiento a la previsión legal. En este orden de cosas es sabido que la PLATAFORMA CONCORDIA postula y trabaja en un sistema que, aunque fuese con carácter transitorio, podría ser de implantación inmediata, sin demasiadas necesidades normativas y resultaría práctico y eficaz para eliminar incertidumbres sobre la situación registral de los inmuebles en el momento inmediatamente anterior a la firma del documento de transmisión o gravamen.
 
En el estado actual de la tecnología ya existen fórmulas que permiten un conocimiento de la situación registral, facilitando prácticamente el acceso directo en tiempo real y con pleno respeto de todos los intereses en juego, fundamentalmente el de los usuarios de los servicios notariales y registrales. Por ello, esta Plataforma quiere mostrar el decidido apoyo y solicitar la urgente aprobación de una medida que, sin duda, contará con el beneplácito de la inmensa mayoría de notarios y registradores, instando a nuestros responsables corporativos a que se sumen al texto que en forma de Instrucción, según diversas fuentes y con un tenor sustancialmente similar al indicado, tienen a punto nuestra Dirección General y el Ministerio de Justicia.   

Defendemos, pues, la dualidad inherente a este sistema, muy lejana de la yuxtaposición o solapamiento que una visión meramente superficial o tendenciosa pudiera imputarle. Y es nuestra valoración positiva de esa dualidad lo que nos lleva a defender la necesidad y utilidad social tanto del servicio público notarial cómo del servicio público registral, en cuanto ambos constituyen un todo inescindible que alcanza las más altas cotas de seguridad, la máxima protección que nuestro ordenamiento tiene prevista. Es precisamente por esto por lo que no nos cansaremos de pedir las mayores cautelas a la hora de acometer reformas que, por bien intencionadas que sean, puedan poner en peligro el delicado equilibrio en el que se mueven nuestras dos funciones.

Pero, con ser mucha la preocupación ante visiones parciales y sesgadas de nuestra función e, incluso, ante los ataques externos a ese necesario equilibrio del sistema de seguridad jurídica, no es menor la que sentimos por el absurdo, injustificable y agrio clima de enfrentamiento que algunos, desde dentro, están interesados en instigar. Frente a tal actitud propugnamos la recíproca lealtad institucional, corporativa y personal, como corresponde a quienes debemos seguir proporcionando conjuntamente un valioso servicio, en lugar de mostrar y exagerar nuestros desencuentros, como por desgracia viene ocurriendo en los últimos tiempos.

Bastaría con invocar egoístas razones de supervivencia para exigir que ese clima de conflicto, rechazado por la inmensa mayoría de notarios y registradores, sea sustituido por un marco de colaboración, de análisis ponderado y de propuestas constructivas para mejorar el servicio que tenemos encomendado, en lugar de airear nuestras discrepancias, exagerar nuestras posibles disfunciones y vocear nuestros defectos.

 Con ese ánimo constructivo queremos dejar constancia del dolor y rechazo que en estos últimos días estamos sintiendo por la imprudente actuación de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, presidida precisamente por un notario, que ha provocado un verdadero escándalo mediático con su inoportuna y malintencionada denuncia, que ha puesto a algunos registradores de la propiedad a los pies de los caballos de la Agencia de Protección de Datos, mediante la artificiosa preconstitución de pruebas acusadoras, en vez de haber actuado limpiamente, a cara descubierta y con altura de miras, informando de las disfunciones supuestamente detectadas a quienes, por ser también operadores del sistema e interesados en su buen funcionamiento, podían y debían evitarlas. Al decir esto no estamos predicando opacidad ni practicando corporativismo, sino exigiendo la lealtad institucional que es exigible entre quienes, aun con frecuentes y enriquecedoras discrepancias científicas, venimos entendiéndonos, conviviendo y sirviendo eficazmente a la sociedad desde hace más de ciento cincuenta años.

Abril 2010